Cada vez más personajes públicos enfrentados a potenciales escándalos relacionados con su vida personal están acudiendo a los tribunales británicos para conseguir lo que se conoce como "super órdenes judiciales" que no son otra cosa que un mandato judicial que impide que los medios identifiquen al demandante, detalles de su vida o, en algunos casos, incluso la existencia de la orden judicial.
Y en los últimos días los jueces han nombrado también a sitios como Facebook o Twitter como parte de los medios en los que no se pueden revelar detalles de la vida de las personas que consiguieron la "super orden".
El conflicto aquí es que ambas empresas tienen su sede en Estados Unidos, lejos del alcance legal de las cortes británicas.
Secreto a voces
La polémica más reciente ayuda a identificar el alcance del desafío legal.
Un deportista -identificado legalmente con el seudónimo de CTB- consiguió una orden judicial para evitar que la prensa publicara versiones de que tuvo una presunta relación extramarital. Además CTB demandó a Imogen Thomas, ex estrella del reality show "Gran Hermano" y al periódico The Sun.
El problema es que decenas de miles de usuarios de la red social de microblogs, Twitter, no sintieron que la orden judicial se aplicaba a ellos y revelaron el nombre del deportista. Entonces, en otra demanda, CTB pidió a Twitter que revele el nombre de todos los usuarios que -según él- violaron la orden judicial.
Twitter ha declinado comentar al respecto, pero sus usuarios siguieron publicando el nombre del deportista en forma directa o a través de ingeniosos juegos de palabras.
Las cosas adquirieron un nuevo giro cuando el parlamentario británico John Hemming -haciendo uso de un privilegio legal- nombró al futbolista Ryan Giggs, del club Manchester United al plantear una pregunta sobre las leyes de privacidad.
El legislador liberal demócrata dijo, además, que no era práctico encarcelar a 75.000 seguidores de Twitter que ya han nombrado al jugador. Los especialistas en leyes aseguran que obtener una "super orden judicial" no es fácil. Quienes las buscan tienen que demostrar por qué consideran que se violaría su provacidad si se revela cierta información, mientras que los medios deben comprobar su derecho a la publicación en aras del "interés público".
Pero aún con el mandato en la mano, los últimos acontecimientos parecen mostrar que miles de usuarios de las redes sociales no sienten que este tipo de órdenes les afectan a ellos. "No se puede silenciar a una multitud de la misma manera en que se silencia a los medios" le dijo a la BBC un radioescucha que se identificó como uno de los usuarios de Twitter que nombró al deportista.
El presidente del Tribunal Supremo de Inglaterra y Gales, Lord Judge, advirtió la semana pasada que "la tecnología moderna está completamente fuera de control" y aseguró que internet no podía estar al margen de la ley.
Larga historia
Según Mark Easton, editor de la BBC para asuntos nacionales, la polémica sobre cómo las nuevas tecnologías afectan la privacidad data del siglo XIX.
En aquél entonces dos abogados estadounidenses se quejaron en un artículo especializado de que las fotografías que comenzaban a aparecer en los periódicos invadían la privacidad de las personas.
Hay quienes creen que se debe crear una ley para controlar lo que se puede publicar en internet.
El artículo en cuestión todavía es citado hoy en día en casos de violación a la privacidad. En el caso de Twitter lo más seguro es que la red social se niegue a dar a conocer el nombre de los usuarios. En enero uno de sus fundadores, Biz Stone, escribió: "Nuestra posición respecto a la libertad de expresión lleva consigo el mandato de proteger el derecho de nuestros usuarios a expresarse libremente y preservar su capacidad de luchar contra el que se revele su información privada".
Entonces, ¿se puede controlar lo que se publica en internet o no?
"A priori no es posible controlar la informacion que se difunde en internet a menos que se impongan medidas draconianas como las implementadas en algunos países autocráticos que, por ejemplo, filtran palabras claves" afirma a BBC Mundo Katitza Rodríguez, de la Electronic Frontier Foundation, una organización que defiende los "derechos digitales".
"Los sistemas judiciales son los más adecuados para equilibrar el derecho de los ciudadanos a la expresión con la necesidad de proporcionar un mecanismo para corregir errores", agrega Rodríguez.
"Demandar a Twitter es algo equivocado porque es importante proteger plataformas de libertas de expresión", dice la especialista, quien agrega que los tribunales deben "combatir órdenes judiciales que no se pueden llevar a la práctica porque minan su autoridad".
"A priori no es posible controlar la informacion que se difunde en internet a menos que se impongan medidas draconianas como las implementadas en algunos países autocráticos que, por ejemplo, filtran palabras claves"
Katitza Rodríguez, Electronic Frontier Foundation
"Por lo tanto, para proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos de la libertad de expresión y la privacidad, los intermediarios de internet sólo deben revelar la identidad de un usuario anónimo o pseudónimo de su plataforma o servicio a la recepción de una orden judicial, otorgada tras un proceso de revisión judicial", asegura.
Rodríguez advierte que en caso de que una plataforma de internet se vea obligada a revelar la identidad de un usuario deberá: "Hacer esfuerzos razonables para notificar a la persona cuya identidad se solicita" y dar una "oportunidad razonable al usuario de Internet para presentar una reclamación ante un tribunal antes de que se divulgue su identidad".
De hecho en sus términos y condiciones de uso los usuarios de Twitter y también de Facebook, aceptan no violar la ley en su país, liberando así a los sitios de responsabilidad.
Lo mismo ha ocurrido con Google -que ha sido demandado en varias ocasiones por resultados que aparecen en sus búsquedas-, pero la empresa ha logrado ganar varias de estas batallas legales argumentando que no puede hacerse responsable por lo que sus usuarios publican.
De cualquier modo, episodios como las "super órdenes judiciales" no hacen otra cosa que encender el debate sobre si se requiere una ley internacional para controlar lo que se puede publicar en la red.